Por Fabricio Gómez M.
La esquizofrenia fiscal
Buscar más recursos para seguir empeorando la calidad del gasto público.
La esquizofrenia fiscal
Buscar más recursos para seguir empeorando la calidad del gasto público.
Según varios especialistas en la conducta humana, la esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico que ocurre en personas con un grupo de trastornos mentales crónicos caracterizados por alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad. Estos trastornos, producen un cambio sostenido en el funcionamiento psíquico del individuo que le dificulta mantener conductas motivadas y dirigidas a metas, así como a una significativa disfunción social[1].Este concepto utilizado por la psiquiatría podría ayudarnos a entender la conducta de las autoridades en materia de política económica respecto de los constantes cambios en las reglas fiscales en los últimos años. La inestabilidad tributaria ha sido la norma y se ha hecho presente a través de tres reformas. Otra más, la cuarta, parece venir en camino.
El Poder Ejecutivo sometió el pasado martes en la noche al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica el presupuesto vigente con el objetivo de permitir la transferencia de apropiaciones de varias entidades públicas para el subsidio del sector eléctrico, modificar la Ley de Innovación y Competitividad Industrial e indexar el impuesto que pagan los combustibles fósiles.
De convertirse en ley dicho proyecto, se transferirán 11,627 millones de pesos desde varias instituciones estatales para cubrir el subsidio eléctrico en lo que resta del año. Cabe recordar que el gobierno gastó los recursos que se habían presupuestado para todo el 2010 en dicho sector durante el período enero-mayo. En cinco meses se usaron los recursos que cubrirían el año completo.
Desde el punto de vista del bienestar de la ciudadanía y la redistribución del ingreso nacional esta transferencia de recursos es injustificable. Cómo es posible que las autoridades pretendan quitar recursos a funciones como salud, asistencia social, agua potable y saneamiento, entre otros, en medio de una epidemia de dengue y leptospirosis para transferirlos a un sector que es un verdadero "tollo técnico y financiero", un barril sin fondo.
Este sacrificio en materia de servicios sociales no garantiza un suministro eléctrico estable ni financieramente sostenible. Es como quemar recursos o echarlos al basurero en medio de tantas precariedades. Además, muestra una indiferencia ultrajante a la consciencia ciudadana respecto de las prioridades nacionales.
Por otro lado, la Dirección General de Aduanas (DGA) retendrá el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) pagado sobre las materias primas, maquinarias industriales y bienes de capital revirtiendo la reforma vigente en materia de mejora en la competitividad de las empresas industriales. Actualmente, dicho tributo es cobrado por la Dirección General De impuestos Internos (DGII) al momento en que se registra la venta de los bienes industrializados.
El cambio en el cobro del ITBIS desde impuestos internos a las aduanas encarece la producción a las empresas, ya que tienen que pagar dicho tributo al momento de liquidar las mercancías afectando la liquidez y el costo de capital de las mismas. Esto impactará negativamente la competitividad de las empresas locales y las exportaciones.
En un país donde no ha sido posible implementar la restitución de los impuestos pagados en la importación de los insumos de los bienes exportados (drawback), este cambio en la legislación tributaria equivale a un impuesto ad-valorem sobre el precio de las exportaciones nacionales. De esta forma, los incentivos a exportar se reducirán ya que, al no poder trasferir el ITBIS al precio final del bien exportado debido a la agresiva competencia que caracteriza el mercado internacional, los empresarios verán reducir sus márgenes de beneficio.
La pérdida de competitividad que genera esta medida llegaría en un momento donde las exportaciones desde Republica Dominicana hacia los Estados Unidos han venido cayendo sostenidamente en el último lustro. En el año 2005 el valor de las exportaciones dominicanas hacia territorio norteamericano fue de 4,602.6 millones de dólares. En 2009 dicho valor se había reducido a 3,306.2 millones de dólares para una disminución de un 28.17%[2].
La otra medida del anteproyecto de ley, que parece ser la que más preocupa a casi todos los sectores de la sociedad, es la indexación. Esto debido a que las autoridades pretenden ajustar al precio de los combustibles la inflación acumulada de los últimos tres años y siete meses. Es decir, la inflación ocurrida desde el año 2007 hasta la fecha. Según las estadísticas del Banco Central la inflación acumulada estaría cercana a un 23%.
Incrementar el precio de los combustibles en esa proporción en lo que resta del año provocaría una espiral inflacionaria. El combustible representa un porcentaje importante del costo de producción de todos los bienes y servicios que se comercializan en el país. El impacto económico y social de un incremento generalizado de precios en estos momentos podría ser devastador.
Esto debido a que aún están muy frescas en la memoria colectiva las imágenes de camiones del gobierno repartiendo electrodomésticos, mobiliarios y demás durante la recién finalizada campaña electoral. Esa conducta pre-electoral contrasta bastante con la desatención y el abandono oficial a los problemas que hoy enfrenta la sociedad, especialmente los sectores más vulnerables.
Ahora, el gobierno llama a dialogar al Palacio Nacional a los empresarios y a distintos sectores de la sociedad civil para "consensuar" la nueva reforma impositiva. El presidente busca consenso para aumentar impuestos, pero no para mejorar la calidad del gasto público. Junto a sus ministros y voceros para-oficiales tratará de justificar lo injustificable en materia presupuestaria. Con su verbo florido y su visión exquisita de la sociedad dará uno de sus acostumbrados giros contradictorios para decir no donde antes decía que sí y viceversa.
Todo eso para seguir justificando un comportamiento que le dificulta mantener conductas motivadas y dirigidas a metas específicas en materia de políticas públicas, así como a una significativa disfunción social. Buscar más recursos para seguir empeorando la calidad del gasto público.
Una especie de esquizofrenia fiscal.
El Poder Ejecutivo sometió el pasado martes en la noche al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica el presupuesto vigente con el objetivo de permitir la transferencia de apropiaciones de varias entidades públicas para el subsidio del sector eléctrico, modificar la Ley de Innovación y Competitividad Industrial e indexar el impuesto que pagan los combustibles fósiles.
De convertirse en ley dicho proyecto, se transferirán 11,627 millones de pesos desde varias instituciones estatales para cubrir el subsidio eléctrico en lo que resta del año. Cabe recordar que el gobierno gastó los recursos que se habían presupuestado para todo el 2010 en dicho sector durante el período enero-mayo. En cinco meses se usaron los recursos que cubrirían el año completo.
Desde el punto de vista del bienestar de la ciudadanía y la redistribución del ingreso nacional esta transferencia de recursos es injustificable. Cómo es posible que las autoridades pretendan quitar recursos a funciones como salud, asistencia social, agua potable y saneamiento, entre otros, en medio de una epidemia de dengue y leptospirosis para transferirlos a un sector que es un verdadero "tollo técnico y financiero", un barril sin fondo.
Este sacrificio en materia de servicios sociales no garantiza un suministro eléctrico estable ni financieramente sostenible. Es como quemar recursos o echarlos al basurero en medio de tantas precariedades. Además, muestra una indiferencia ultrajante a la consciencia ciudadana respecto de las prioridades nacionales.
Por otro lado, la Dirección General de Aduanas (DGA) retendrá el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) pagado sobre las materias primas, maquinarias industriales y bienes de capital revirtiendo la reforma vigente en materia de mejora en la competitividad de las empresas industriales. Actualmente, dicho tributo es cobrado por la Dirección General De impuestos Internos (DGII) al momento en que se registra la venta de los bienes industrializados.
El cambio en el cobro del ITBIS desde impuestos internos a las aduanas encarece la producción a las empresas, ya que tienen que pagar dicho tributo al momento de liquidar las mercancías afectando la liquidez y el costo de capital de las mismas. Esto impactará negativamente la competitividad de las empresas locales y las exportaciones.
En un país donde no ha sido posible implementar la restitución de los impuestos pagados en la importación de los insumos de los bienes exportados (drawback), este cambio en la legislación tributaria equivale a un impuesto ad-valorem sobre el precio de las exportaciones nacionales. De esta forma, los incentivos a exportar se reducirán ya que, al no poder trasferir el ITBIS al precio final del bien exportado debido a la agresiva competencia que caracteriza el mercado internacional, los empresarios verán reducir sus márgenes de beneficio.
La pérdida de competitividad que genera esta medida llegaría en un momento donde las exportaciones desde Republica Dominicana hacia los Estados Unidos han venido cayendo sostenidamente en el último lustro. En el año 2005 el valor de las exportaciones dominicanas hacia territorio norteamericano fue de 4,602.6 millones de dólares. En 2009 dicho valor se había reducido a 3,306.2 millones de dólares para una disminución de un 28.17%[2].
La otra medida del anteproyecto de ley, que parece ser la que más preocupa a casi todos los sectores de la sociedad, es la indexación. Esto debido a que las autoridades pretenden ajustar al precio de los combustibles la inflación acumulada de los últimos tres años y siete meses. Es decir, la inflación ocurrida desde el año 2007 hasta la fecha. Según las estadísticas del Banco Central la inflación acumulada estaría cercana a un 23%.
Incrementar el precio de los combustibles en esa proporción en lo que resta del año provocaría una espiral inflacionaria. El combustible representa un porcentaje importante del costo de producción de todos los bienes y servicios que se comercializan en el país. El impacto económico y social de un incremento generalizado de precios en estos momentos podría ser devastador.
Esto debido a que aún están muy frescas en la memoria colectiva las imágenes de camiones del gobierno repartiendo electrodomésticos, mobiliarios y demás durante la recién finalizada campaña electoral. Esa conducta pre-electoral contrasta bastante con la desatención y el abandono oficial a los problemas que hoy enfrenta la sociedad, especialmente los sectores más vulnerables.
Ahora, el gobierno llama a dialogar al Palacio Nacional a los empresarios y a distintos sectores de la sociedad civil para "consensuar" la nueva reforma impositiva. El presidente busca consenso para aumentar impuestos, pero no para mejorar la calidad del gasto público. Junto a sus ministros y voceros para-oficiales tratará de justificar lo injustificable en materia presupuestaria. Con su verbo florido y su visión exquisita de la sociedad dará uno de sus acostumbrados giros contradictorios para decir no donde antes decía que sí y viceversa.
Todo eso para seguir justificando un comportamiento que le dificulta mantener conductas motivadas y dirigidas a metas específicas en materia de políticas públicas, así como a una significativa disfunción social. Buscar más recursos para seguir empeorando la calidad del gasto público.
Una especie de esquizofrenia fiscal.
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