El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario, dijo ayer que más de 200 inspectores establecerán si funcionarios que tomaron licencias por ser candidatos no ejercen sus funciones.
Señaló que más de 4 mil funcionarios; entre ministros, viceministros, encargados departamentales y, directores de distritos, legalmente están suspendidos en sus funciones hasta que pasen las elecciones, de acuerdo con la Ley Electoral.
Informó que a través de cientos de comunicaciones, los funcionarios han remitido sus licencias ante la JCE.
Explicó que los inspectores se trasladarán a las dependencias oficiales a comprobar que esos funcionarios están suspendidos en sus cargos y que desde allí no se hace campaña en su favor usando los recursos del Estado.
Dijo que la mayoría de las personas que ocupan un puesto en el Gobierno, han remitido su licencia, y que el próximo miércoles daría una relación de esas personas.
Recalcó que la JCE trabaja para evitar que los fondos públicos sean utilizados en la campaña.
El magistrado Rosario emitió sus juicios en un conversatorio con los periodistas, acompañado de los miembros titulares de la Cámara Administrativa, doctores César Francisco Féliz y José Angel Aquino.
Impresión boletas
El doctor Rosario dijo que por falta de tiempo y mayor operatividad, la impresión de las boletas para las elecciones se otorgará a cuatro empresas.
Señaló que la licitación que hizo ayer, la mayoría de las empresas participantes expusieron que la entrega se haría en un promedio de 12 a 14 días.
Precisó que a esos 14 días hay que agregarle los tres o cuatro en que la Junta toma para hacer el arte que será impregnado en las boletas.
Significó que eso representa unos 20 días y faltan apenas 35 días para las elecciones del 16 de mayo.
En la licitación para la impresión de las boletas participaron siete compañías.
Informó que hoy se conocerán los nombres de los que ganaron para imprimir las más de 14 millones de boletas electorales.
Enfatizó que la JCE está exenta del procedimiento de licitación para la contratación de compañías que hagan las boletas, pero que se toma esa decisión para transparentar más ante la nación, la forma pulcra en que maneja los fondos que recibe.
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